Dado que el terrorismo es un modo de violencia política y no un fin o una ideología en sí mismo, su relación con la democracia es muy compleja. Aunque en los países totalitarios el fenómeno es reprimido y silenciado, en los países democráticos el terrorismo debería ser una manifestación poco frecuente; es cierto no obstante que no se han visto libres de esta eventualidad. Las democracias se enfrentan siempre a la disyuntiva de mantener las libertades civiles que las legitiman, exponiéndose a perder efectividad en la lucha contra la violencia, o bien disminuirlas aumentando la eficacia pero perdiendo la legitimidad que da la libertad política.
Las democracias se enfrentan al terrorismo mediante una legislación apropiada, que ha de ser complementada en el frente judicial y con una eficaz actuación policial. El rechazo de la sociedad así como el consenso político en la lucha antiterrorista y el aislamiento de sus grupos de apoyo, junto con una colaboración internacional efectiva, son también elementos fundamentales.
En España, a nivel interno, han venido produciéndose diversos “acuerdos” entre partidos políticos que pretenden mostrar un consenso y una unidad política frente a la amenaza terrorista. Pueden destacarse:
La sociedad también ha manifestado su rechazo al terrorismo a través de múltiples acciones, manifestaciones y protestas. Mediante asociaciones cívicas, plataformas e iniciativas ciudadanas, el pueblo manifiesta su repulsa al terrorismo y su apoyo a sus víctimas.
A nivel internacional, en la actualidad hay trece Protocolos y Convenciones Internacionales en materia de lucha antiterrorista en vigor y varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU:
A nivel regional existen también Protocolos, Acuerdos y Convenciones del Consejo de Europa, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la Liga de Estados Árabes, etc. Entre los participados por España sobresalen:
Tras los ataques realizados en el corazón de EE.UU. en septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas dictó la Resolución 1373, de 28 de septiembre. En tres minutos de reunión se alcanzó uno de los mayores consensos internacionales de la Historia, con el resultado de ordenar a los países miembros de la ONU la adopción de medidas específicas para combatir el terrorismo. De este modo todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieros de los terroristas, así como negarles todo tipo de apoyo y refugio. La resolución obliga a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en actos de terrorismo o les preste apoyo. Puesto que se trata de una resolución del Consejo de Seguridad adoptado bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, vincula a todos los miembros de Naciones Unidas.
Además los países crearon lo que se ha venido a denominar “estrategias de seguridad nacionales”, esquemas implementados por los Estados para intentar alcanzar determinados objetivos fijados en el medio y largo plazo. Comenzando por EE.UU. y tras ellos el resto de países que forman parte de la denominada “comunidad internacional”, se han desarrollado una serie de marcos de actuación entre los que cabe destacar:
Otros países como Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, España, etc. han elaborado o están en proceso de elaborar su propia estrategia de seguridad frente al terrorismo.
Todos estos convenios, protocolos, acuerdos y estrategias confluyen y coinciden en dos pilares fundamentales de la lucha antiterrorista a nivel internacional: la cooperación internacional y la coordinación y firmeza en el esfuerzo en la confrontación con el terrorismo.