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27/02/16

La Guardia Civil y la Policía de Rumania han detenido a 5 integrantes de una red dedicada a la explotación laboral de ciudadanos rumanos

Se han realizado 12 inspecciones en centros de trabajo, donde se han identificado a más de 300 personas y se han liberado a 5 que vivían hacinadas en una vivienda de la localidad valenciana de Lliria

La operación EMPALADOR-TEPES se ha desarrollado con el objetivo de prevenir y perseguir los delitos relacionados con la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral y de dar protección a las víctimas que trabajan en la recolección de cítricos en la zona levantina

La Guardia Civil y la Policía de Rumania han detenido a 5 integrantes de una red dedicada a la explotación laboral de ciudadanos rumanos

La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional de Rumanía, la Inspección de Trabajo de España, la Agregaduría de Interior y Trabajo de Rumanía en Madrid y la Embajada de España en Bucarest, en la operación EMPALADOR-TEPES, ha detenido a 5 integrantes de una red dedicada a la explotación laboral de ciudadanos rumanos durante la campaña de recogida de naranjas en la provincia de Valencia. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y contra el derecho de los trabajadores.

 
Asimismo, se han realizado 12 inspecciones en centros de trabajo, donde se han identificado a más de 300 personas y se ha liberado a otras 5 de nacionalidad rumana que desarrollaban trabajo como temporeros en la recogida de naranja y vivían hacinadas en una vivienda de la localidad de Lliria (Valencia).
 
Esta investigación se enmarca dentro de la actuación conjunta que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Rumana para prevenir y perseguir los delitos relacionados con la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral y de dar protección a las víctimas que trabajan en la recolección de cítricos en la zona levantina.
 
Tras inspeccionar una explotación agrícola de naranjas de la localidad valenciana de Pobla de Vallbona, los agentes detuvieron a los cinco integrantes de la red que sometían a ciudadanos rumanos a condiciones de trabajo deplorables y a los que obligaban a vivir de forma infrahumana en la buhardilla de una vivienda.
 
Las víctimas eran captadas mediante el engaño en sus países de origen y, una vez en España, eran empleados en campañas de recolección de productos agrícolas siendo sometidos a condiciones de especial penosidad, fuera de toda protección social y laboral. 
 
El ámbito agrario conforma uno de los sectores más sensibles en cuanto a la problemática relacionada con la explotación laboral y el fraude a la seguridad social. La principal nacionalidad relacionada con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el ámbito agrícola en España es la rumana, representando más de un 40% de las víctimas y de los autores de esta tipología delictiva.
 
Los ahora detenidos, de nacionalidades española y rumana, han sido puestos a disposición judicial.
 
En la investigación han participado agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Valencia, y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil de Madrid, con la colaboración de agentes de la Policía Nacional de Rumanía, la Inspección de Trabajo de España y la Agregaduría de Interior y trabajo de Rumanía.
 

Fraude en el ámbito de la Seguridad Social

 
Las conductas en el ámbito laboral encaminadas a defraudar a la Seguridad Social afectan al bienestar social, ya que fomentan la competencia desleal a través de la economía sumergida, estimulan la corrupción y atentan contra los derechos de los trabajadores.
 
Estas actividades ilícitas principalmente consisten en:
 
  • Constitución de empresas ficticias sin actividad real, que simulan mantener relaciones laborales con trabajadores para la obtención indebida por éstos, de prestaciones de la Seguridad Social.
  • Fraudes en subvenciones o programas de ayuda (por ejemplo bonificaciones a la contratación), mediante acceso indebido a las mismas por empresas que sin tener actividad, falsean sus datos para recibir las mismas. 
  • Simulación de relaciones laborales en empresas con actividad real, para obtener indebidamente prestaciones de Seguridad Social (subsidios desempleo, renovación autorización de residencia y trabajo de extranjeros, etc.). 
  • Usurpación de estado civil consistentes en el uso fraudulento de la documentación y filiación de una tercera persona para identificar a un inmigrante en situación irregular ante las distintas entidades con las que se relacionan las empresas de trabajo temporal. 
  • No cotizar a la Seguridad Social teniendo obligación legal para ello, tanto empresas como autónomos.
  • Empleo de extranjeros en situación irregular por no disponer de autorización de residencia y trabajo, así como otros supuestos de irregularidades graves en materia de extranjería.
  • Trata de Seres Humanos para su explotación laboral.
  • Explotación laboral sin trata, mediante la presencia de trabajadores carentes de contrato de trabajo y sin estar dados de alta en la seguridad social.
 
Para hacer frente a esta problemática, la Guardia Civil durante el año 2015, ha impulsado la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), ha potenciado la investigación del fraude y, además, ha promovido la colaboración con las Administraciones en la realización de inspecciones en los diferentes ámbitos de riesgo y ha contribuido a generar conciencia social sobre esta problemática con el fin de disuadir su comisión.
 
En total se han mantenido 325 reuniones de coordinación a nivel nacional, autonómico y local con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se han creado 275 Grupos Operativos mixtos entre Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social para actuaciones concretas en este ámbito.
 
De las 109 operaciones contra el fraude a la Seguridad Social se han detenido y/o investigado a  831 personas y se ha descubierto un fraude estimado a la Seguridad Social por valor de 12.139.783 euros. Asimismo se ha investigo a 1.136 empresas y se ha detectado otras 87 que eran ficticias.
 
Por otro lado, los agentes de la Guardia Civil han realizado durante el pasado año 5.949 inspecciones a empresas detectándose a 420 trabajadores de nacionalidad española y a otros 460 de nacionalidad extranjera que estaban ejerciendo sus funciones de forma irregular. Por ello, se ha detenido y/o investigado a 133 empresarios.
 

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