Dado que la misión de la Guardia Civil desde su creación ha sido garantizar la seguridad y el orden, así como asegurar el cumplimiento de la ley, a lo largo de la historia se ha tenido que enfrentar a numerosos grupos que pretendían alcanzar sus objetivos mediante la violencia y el terror.
Si el comienzo de la segunda mitad del s. XIX se caracterizó por la lucha contra el bandolerismo, la centuria concluiría con el surgimiento del fenómeno del terrorismo de carácter anarquista. En 1881 el gobierno, ante el clamor popular, refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Andalucía para hacer frente al anarquismo en la región evitando no sólo su consolidación, sino restableciendo la normalidad en la zona en 1883.
Más grave sería la ola de atentados que se produce entre 1890 y 1920, como consecuencia del giro dado por el movimiento anarquista hacia la estrategia denominada “propaganda por el hecho”. Son atentados de etiología anarquista significativos en España en este periodo el atentado con bomba del Teatro del Liceo Barcelona (1893), bomba en la procesión del Corpus Christi (1896), asesinato de Cánovas del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros (1897), atentado contra Alfonso XIII, Rey de España (1906), asesinato de José Canalejas, Presidente del Gobierno (1912) y atentado contra Eduardo Dato, Presidente del gobierno (1921) entre otros.
En el ámbito internacional la situación resultaba similar: atentado con bomba en la Cámara de Diputados de París (1893), asesinato del Presidente de la República Francesa Sadi Carnot, asesinato de la emperatriz Isabel de Austria (1898), asesinato del rey de Italia Humberto I (1900), asesinato del presidente de los EE.UU. McKinley (1901), atentado en Wall Street con 38 muertos y más de 400 heridos, etc… todos ellos dentro de la larga lista atribuida al terrorismo de carácter anarquista.
Desde los años veinte del pasado siglo empieza una etapa de gran agitación social en nuestro país, que culminaría en la II República y finalmente en la Guerra Civil española. Fue en 1959 cuando se funda ETA (Euskadi Ta Askatasuna), que pasa a la lucha armada en 1967, si bien su primera acción violenta se produce en 1961 con el intento de descarrilamiento de un tren. En lo que se denominó la estrategia de acción – represión – acción, la banda opta por la provocación al Estado ocasionando la reacción policial, actuando una y otra parte cada vez con mayor intensidad. La Guardia Civil se convierte en objetivo prioritario comenzando con ataques a instalaciones como el atentado con explosivos en el cuartel de Sondica y siguiendo poco después con el primer atentado mortal reivindicado cometido contra la persona del guardia civil José Pardines Arcay en 1968. El uso de la violencia para conseguir fondos en atracos y secuestros, el asesinato del inspector de policía Melitón Manzanas, el atentado contra el cuartel de Basauri y el asesinato de una pareja de guardias civiles en Galdácano, son muestra de la escalada en sus acciones que alcanzarían su punto más álgido el 20 de diciembre de 1973 con el asesinato del presidente del gobierno, Almirante Carrero Blanco, máximo responsable de las Instituciones del Estado. Hasta la fecha, y pese a los numerosos éxitos en la lucha contra ETA, el coste humano para la Benemérita se eleva a 210 guardias civiles asesinados. Desde el 20 de Octubre de 2011, ETA como resultado de la derrota policial, decreta el cese de sus "actividades armadas", y no se ha registrado ningún atentado. Mientras los terroristas quieren negociar con el Estado, lo único que se espera de ellos es que se disuelvan y entreguen las armas.
Otra de las organizaciones terroristas fundadas en este periodo, en concreto en 1968, es el PCE(r)-GRAPO que se define como una organización política de naturaleza marxista-leninista, seguidora de las tesis de Mao, que con un carácter marcadamente revolucionario dirige un brazo armado, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre – GRAPO, y un brazo político, Partido Comunista Español Reconstituido, del que a su vez dependen una organización de masas, Socorro Rojo Internacional – SRI, y una organización de Apoyo denominada Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos- AFAPP. Su objetivo es la destrucción de la estructura del Estado y la implantación de una república popular marxista-leninista, así como la exportación de la revolución al resto de países del entorno. Su primera acción tuvo lugar el 2 de agosto de 1975 en un atentado en Madrid contra dos miembros de la Guardia Civil, resultando muerto Casimiro Sánchez García y su compañero gravemente herido, y la última el asesinato de una empresaria en el año 2006 en Zaragoza, dejando una cifra final de 89 víctimas mortales y cientos de heridos. En el año 2007 la Guardia Civil desarticuló totalmente la capacidad operativa de la Organización que, a pesar de su debilidad, todavía no ha renunciado a la lucha armada.
Por otro lado, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), de orientación comunista, opta también a mediados de los sesenta por la lucha armada manteniéndose operativo de 1973 a 1978. Otros grupos terroristas de izquierda radical de carácter independentista como Terra Lliure, el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive o el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, participarían aunque brevemente, en la agitación social del momento. En la actualidad únicamente se mantiene activa la organización terrorista “Resistencia Galega”, heredera del EGPGC, que actúa en Galicia desde el año 2005 mediante la colocación de artefactos explosivos e incendiarios contra intereses del Estado.
Los atentados en EEUU del 11 de septiembre de 2001 constituyeron un punto de inflexión en el que el terrorismo de carácter yihadista internacional alcanza la capacidad de atacar en el propio centro de las democracias occidentales.
Ante este escenario España y sus ciudadanos no han sido ajenos a este tipo de amenaza.
El primer ataque yihadista en suelo español, aunque pasase casi inadvertido, se produjo en 1985 en Madrid, el atentado contra el restaurante “El Descanso”, con 18 personas fallecidas y 85 heridas.
El 11 de marzo de 2004, los ataques contra trenes de la red de Cercanías de Madrid cometidos por una célula terrorista vinculada a Al Qaeda, con 191 muertos y más de 1800 heridos, supusieron un cambio en la percepción del fenómeno a nivel europeo.
España ha sido también atacada en el extranjero, como sucedió en Casablanca en 2003, con varios atentados suicidas, atribuidos al Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que causaron la muerte de 23 personas.
En junio de 2014, la organización terrorista DAESH inició una ofensiva desde el este de Siria hacia las provincias del norte de Iraq, haciéndose con el control de la mitad norte del país en un solo mes y apoderarse de grandes ciudades, armamento militar pesado y millones de dólares, que habían quedado abandonados en los bancos iraquíes. En ese momento (el 29 de junio), el líder del DAESH, Abu Bakr al-Bagdadi, proclamó la constitución del califato islámico en Siria-Iraq. Desde esa fecha, afianzó los territorios bajo su dominio en ambos países y exportó una fuerte campaña de terrorismo hacia el exterior, primero (en 2014) en forma de difusión de mensajería incitando a la yihad contra Occidente, y después (en 2015-2016) con atentados planificados desde el “califato” y llevados a cabo por combatientes extranjeros (foreign terrorist fighters) en Europa. En este sentido, DAESH aglutina un elevado número de foreign fighters (más de 30.000), llegados de todo el mundo, a los que la organización adoctrina y entrena en el uso de armas y explosivos, para emplearlos como soldados en el conflicto de Siria-Iraq o como terroristas retornados en otros países. En este sentido, España no ha sido ajena a la movilización yihadista que ha llevado a más de un centenar de residentes a combatir en zonas de conflicto.
En el ámbito internacional es cada vez más patente la necesidad de una lucha común contra el terrorismo. En este sentido, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se aprobó en septiembre de 2006, la “Estrategia Mundial de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo”, y sintetiza un enfoque estratégico común de los miembros de la ONU para luchar contra el terrorismo.
España, como integrante de la Unión Europea, es una zona cada vez más abierta, en la que los aspectos internos y externos de la seguridad están íntimamente ligados. Es una zona de interdependencia cada vez mayor que permite la libre circulación de personas, ideas, tecnología y recursos. Este es un entorno del que se aprovechan los terroristas para perseguir sus objetivos. En este contexto, es imprescindible que la acción nacional de lucha contra el terrorismo se encuentre coordinada en el marco de una acción europea concertada y colectiva, en un espíritu de solidaridad, para luchar contra el terrorismo.
En junio de 2010 el Gobierno español aprobó la “Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR)”, que se basa en cuatro pilares: Prevenir, Proteger, Perseguir y Responder o Preparar; inspirada en la experiencia nacional de lucha contra el terrorismo y en la “Estrategia de la Unión Europea de Lucha Contra el Terrorismo”, aprobada en el Consejo Europeo de diciembre de 2005. Los cuatro pilares de la Estrategia española, constituyen una respuesta global y proporcionada a la amenaza terrorista internacional. La Estrategia requiere trabajar a escala nacional, europea e internacional, para reducir la amenaza del terrorismo y nuestra vulnerabilidad frente a sus ataques. La Estrategia fija cuatro objetivos para evitar que se capten nuevos terroristas, proteger mejor los objetivos potenciales, perseguir e investigar a los miembros de las redes existentes, y mejorar nuestra capacidad de respuesta y gestión ante las consecuencias de atentados terroristas.
En mayo de 2013 fue aprobada en Consejo de Ministros la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN/2013), que asume junto con la EICTIR la radicalización como uno de los principales riesgos para la seguridad nacional. Precisamente como medida enfocada para evitar que se capten nuevos terroristas, en enero de 2015, se aprobó el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), que asume la radicalización como uno de los principales riesgos para la seguridad nacional. EL PEN-LCRV nació con vocación de dar respuesta a la necesidad de hacer frente al nacimiento, desarrollo y proliferación de la radicalización y el extremismo violento, en todas sus formas, dentro del territorio nacional.
